Lo que viene en el 2008: Acuerdos en educación, probidad, seguridad ciudadana y Pymes al tope de la agenda 31 de enero 2008
Nutrida y multifacética se visualiza la agenda legislativa para este año si se analizan los proyectos en curso y los trascendidos sobre nuevas materias que ingresarían a la tabla del debate.
Para el Ejecutivo, lo que aparece, sin duda, como prioridad uno es culminar la tramitación de reformas ya acordadas con la oposición en torno a importantes aspectos de la agenda-país: educación, seguridad pública, probidad y micros, pequeña y mediana empresa.
Esas son, según informa la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia, la cartera a cargo del ministro y ex senador José Antonio Viera-Gallo, “en grandes líneas, las prioridades legislativas 2008”.
De un total de 155 mensajes del Ejecutivo que se encuentran en tramitación a la fecha, 16 de ellos son los que aparecen subrayados como especiales prioridades para el gobierno. Entre ellos, está el que tipifica y sanciona el femicidio, el que agiliza la factorización de facturas y el que da derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero.
Más allá del caso a caso, lo que conviene, sin embargo, es dar la referencia del marco general en que estas iniciativas se inscriben. En agosto de 2007, la administración Bachelet da a conocer el documento “Chile 2007-2010. La Agenda del Bicentenario”. Allí se definen cuatro ejes prioritarios de la acción del gobierno: protección social, crecimiento económico e innovación, calidad de vida y democracia y participación.
Cada uno de ellos, tiene asociados distintos programas e iniciativas, muchas de las cuales terminan por reflejarse en proyectos de leyes. Los cuatro ejes ya mencionados contienen, a su vez, doce temáticas centrales: reforma previsional, reforma educacional, descentralización, Transantiago, agenda política, derechos humanos, pueblos indígenas, prioridad y transparencia, agenda laboral, seguridad pública, pymes y problemas de género.
La agenda, punto por punto
Para no perderse en ese “bosque” de proyectos, quizás lo más prudente sea revisar, punto por punto, cuál es el estado de avance en que están algunos de estos proyectos o “paquetes” de iniciativas claves hoy en ambas cámaras. Lo que sigue a continuación es el análisis de cada uno de ellos, y las proyecciones que a partir de esto se pueden hacer acerca del destino que eventualmente pueden correr en el Congreso.
Reforma previsional: Tras la aprobación y el despacho a ley del proyecto que reforma el actual sistema previsional de las AFP, luego de un acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición sobre esta materia, persistió un solo punto sobre el que no hubo consenso y que, por tanto, fue rechazado: el ingreso de los bancos a este negocio. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, anticipó que el tema será abordado nuevamente por el Ejecutivo, una vez que se comience a pagar la Pensión Básica Solidaria, el 1 de julio próximo. Y dos senadores, Carlos Bianchi (independiente) y Guillermo Vásquez (radical), presentaron un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Magna, a objeto de “imponer al Estado la creación de una Administradora de Fondos de Pensiones Pública”.
Reforma educacional: Una vez aprobada la ley que aumenta las subvenciones escolares, publicada el 24 de enero, quedan pendientes otros dos acuerdos convenidos con la oposición que deberían convertirse en leyes en breve plazo: la Ley General de Educación, a la que algunos han llamado “la nueva LOCE”, y la creación de la Superintendencia de Educación. El primero está en etapa de primer trámite constitucional en la Cámara, con urgencia simple, y el segundo, en la misma instancia en el Senado, sin urgencia.
Transparencia y probidad: Se despachó a ley, a mediados de enero, el proyecto que regula el acceso a la información pública y crea el Consejo para la Transparencia. Esto también en el marco de acuerdos previos gobierno-oposición. El mencionado consejo fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley y, en particular, tendrá las atribuciones legales para aplicar sanciones por reclamos ante la denegación de acceso a información pública emanada de organismos del Estado. Lo integrarán cuatro miembros propuestos por la Presidenta y ratificados por el Senado.
Al margen de los cambios a nivel de institucionalidad, se espera que en marzo se apruebe el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies o grupos de presión (hoy está en comisión mixta del Senado). Y quedarían aún pendientes otras tres iniciativas: la que modifica la ley de gasto electoral, la que busca impedir que funcionarios de organismos fiscalizadores se traspasen al sector privado con información privilegiada y la que establece que las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades sean públicas.
Seguridad pública: Si el incremento de recursos en materia de seguridad ciudadana fue una de las prioridades al momento de definir las partidas del presupuesto fiscal de 2008, esto también se expresa en la agenda del gobierno y los parlamentarios.
Tras un acuerdo marco antidelincuencia, logrado en noviembre último, entre el oficialismo y la oposición, que incluye el traspaso de la dependencia de Carabineros e Investigaciones desde el ministerio de Defensa al de Interior y mayor protección a las víctimas, entre otras medidas, actualmente se tramita en la comisión de Constitución del Senado el proyecto que reformula la orgánica del ministerio del Interior, y crea una subsecretaría de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas. En su fase final, asimismo, se tramita el proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, al tiempo que refuerza las atribuciones preventivas de las policías.
Otros temas relevantes
En una segunda línea, pero no con menos importancia, se sitúan otros proyectos de gran trascendencia e impacto social.
Agenda económica: Acá se destaca, con peso propio, el ingreso hace poco tiempo al Congreso del proyecto que busca crear un estatuto para las Pymes y definir y adecuar la normativa que las rige. En el ámbito de la economía, se debatirán, sin duda, temas tales como gobiernos corporativos, estrategia digital, el sistema de control de las empresas públicas (de gran actualidad a raíz de las denuncias de irregularidades en EFE y Codelco), ley de concesiones del ministerio de Obras Públicas, creación de tribunales tributarios, liquidación de valores de instrumentos financieros y reforma de notarios y conservadores, entre otros.
Agenda laboral: En el plano legislativo, los asuntos en debate están en relación con la judicatura laboral, el aceleramiento de los procedimientos judiciales y el perfeccionamiento de la negociación colectiva en la empresa. El informe de la Comisión de Equidad, que se entregaría en marzo, podría propiciar una nueva batería de medidas en este ámbito.
El gobierno se ha planteado, en este ámbito, reforzar el rol de los sindicatos, favorecer la negociación colectiva y ampliar el seguro de desempleo. El tema de la subcontratación es clave y el Ejecutivo ha manifestado su interés en que se internalice a los tercerizados. El debate está cruzado por una fuerte confrontación ideológica, y a ello se suman las presiones sindicales para favorecer la negociación interempresa.
Agenda política: El gobierno anunció en diciembre pasado que pondría urgencia al proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Constitución, con el objeto de favorecer la inscripción automática en los registros electorales. La iniciativa busca frenar el envejecimiento del padrón electoral y fomentar la participación de los jóvenes. También figura en carpeta para marzo una nueva ley de partidos políticos. Y el Ejecutivo ha señalado, además, su disposición a negociar una reforma al sistema electoral binominal y superar la exclusión, tras un emplazamiento de RN al respecto.
Agenda de derechos humanos: El proyecto que busca la creación del Instituto de Derechos Humanos está en comisión mixta en el Senado. La facultad del organismo de hacerse parte en juicios tiene, por ahora, entrampada su aprobación. Otro proyecto en debate en este terreno es el que interpreta y adecúa la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Agenda de descentralización: La elección directa de los consejeros regionales forma parte de los acuerdos gobierno-oposición. El proyecto de reforma constitucional pasó al Senado en segundo trámite, tras ser aprobado por la Cámara.
Agenda ambiental: Ha trascendido por diversos medios que el gobierno enviaría en junio al Parlamento un proyecto de ley que contempla la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Por su parte, ya está en el Congreso y cumple su primer trámite constitucional en el Senado la iniciativa que introduce diversas modificaciones a la Ley N º 19.300, sobre Bases generales del Medio Ambiente.
Reconocimiento de los pueblos indígenas: El Ejecutivo retiró en noviembre de 2007 un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Actualmente se encuentran en tramitación otros tres proyectos al respecto: uno de diputados de la Concertación, otro de senadores de Renovación Nacional y un mensaje del gobierno. Es posible que se busque refundir aspectos de estas tres iniciativas en una sola que concite consenso.
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