Aprueban asignatura sobre educación sexual pese a fuerte oposición de Iglesia
Esta ordenanza municipal recomendará usar condones para prevenir embarazos no deseados, a pesar de que el empleo de cualquier contraconceptivo está condenado por la poderosa jerarquía eclesiástica de Filipinas.
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Un municipio de la capital filipina dio hoy el visto bueno a que en sus institutos de enseñanza secundaria se imparta una asignatura sobre educación sexual que recomendará el uso de preservativos, pese a la oposición de la Iglesia católica.
Las autoridades de Quezon City, el mayor de las 16 ciudades que forman Metro Manila, aprobaron una nueva ley que explicará métodos de planificación familiar a los adolescentes, informó la televisión local ABSCBN.
Esta ordenanza municipal recomendará usar condones para prevenir embarazos no deseados, a pesar de que el empleo de cualquier contraceptivo está condenado por la poderosa jerarquía eclesiástica de Filipinas.
La medida ha sido muy criticada por el clero, que movilizó a cientos de sacerdotes y monjas para que protestaran su aprobación frente al ayuntamiento e intentaron interrumpir el pleno mientras se votaba la ley, que a su juicio "viola las creencias de la Iglesia".
"No es bueno enseñar sobre el sexo a los adolescentes, llevará a que tengan relaciones sexuales antes de lo debido (...) y ello resultará en más abortos", alertó el obispo de Cubao, Honesto Ongtioco, quien anunció que exigirán su anulación ante el Tribunal Supremo.
Las autoridades de Quezon City sostienen que la ley ayudará a poner fin al exceso de embarazos, que unido a la pobreza, provoca que cinco de cada cien niños mueran al nacer en el municipio.
"Ha llegado la hora de la planificación familiar, porque ahora es un asunto de pobreza", dijo el concejal Joseph Juico.
Grupos de defensa de los derechos de la mujer y Naciones Unidas piden un mayor compromiso al Gobierno filipino para mejorar la salud reproductiva de sus embarazadas, diez de las cuales fallecen cada día por complicaciones en el alumbramiento o la gestación.
Más de 1,5 millones de mujeres y niños mueren al año en Filipinas durante o poco después del parto por falta de atención médica, y dos de cada tres de las cerca de 400.000 embarazadas que se someten a abortos ilegales son pobres, condición que sufre el 40 por ciento de la población.
Actualmente, el Ejecutivo sólo permite distribuir preservativos a través de sus agencias locales y a precios de mercado, mientras el país tiene un índice de fertilidad de 3,5 hijos por familia, aunque sólo 2,5 son deseados, y la tasa de mortalidad infantil es de 200 por mil, superada únicamente por Birmania (Myanmar) y Camboya, los menos desarrollados de la región.
Sin embargo, la influyente jerarquía eclesiástica de la única nación católica de Asia rechaza con firmeza cualquier método de planificación familiar, el uso de anticonceptivos y legalizar los supuestos para el aborto permitidos en Europa, así como el divorcio, prohibido en la ex colonia española.
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