Funcionarios públicos y judiciales, civiles y hasta abogados ofrecían los servicios en el Palacio de Tribunales.
CINTHYA CARVAJAL A.
Una nueva red de corrupción, enquistada esta vez en la Corte de Apelaciones de Santiago, detectó la fiscal del Ministerio Público Nancy González, quien ya indagaba a otra asociación ilícita cuyas ramificaciones se extendían a los juzgados de Garantía y del Crimen, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal.
El nuevo caso involucra a funcionarios públicos y judiciales, civiles y hasta a abogados que estarían vinculados a la falsificación de dos resoluciones de la Quinta y Séptima salas del tribunal de alzada.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte realiza diversas diligencias para desbaratar esta organización, que falseó resoluciones para abonar condenas de delincuentes y dejarlos libres. También ofrecía el "servicio" de extravío de expedientes.
En paralelo, la fiscal descubrió a una tercera red ilícita, que adulteraba documentos para obtener créditos hipotecarios y de consumo. Ella implicaría a funcionarios bancarios, particulares y a María José Chávez, el nexo entre la red de corrupción original -que lideraba la ex funcionaria judicial Margarita Cuadros, hoy en prisión preventiva- y el SML.
La actriz Tatiana Merino está siendo indagada como clienta de la tercera organización.
La pista que llevó a las tres redes apareció el 1 de abril de 2008. Ese día, desde el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los involucrados envió por fax una contraorden a la cárcel de Los Andes para abonar 13 meses a la condena por narcotráfico que purgaba Janio González.
El gendarme que recibió el documento lo reenvió al tribunal para confirmar. Allí lo revisó el jefe de causa, Tomás Silva, quien se dio cuenta de la falsedad. Luego el juzgado denunció los hechos.
Tanto la copia del disco duro de los computadores de los funcionarios del tribunal como el acceso a sus correos, permitieron a la fiscal González detectar que la responsable era Gloria Navarrete.
Los e-mails dejaron al descubierto sus vínculos con la ex funcionaria de Investigaciones y del 9° Juzgado de Garantía Uberlinda Elizondo, en cuya casa se encontraron los timbres con los que se adulteraban resoluciones.
Pero la cabecilla de esa organización resultó ser Margarita Cuadros, quien hoy está en prisión preventiva. A ella se le hicieron escuchas telefónicas y fue seguida por el OS-9 durante seis meses. Hay fotos de sus visitas al casino de Viña del Mar, donde gastaba parte del dinero que ganaba.
Hoy, 20 personas presuntamente ligadas a esa red están formalizadas por asociación ilícita, cohecho, falsificación y sabotaje informático, por fabricar contraórdenes, adulterar alcoholemias, abonar a condenas con causas inexistentes y hacer "borrones mágicos" en el sistema de Gepol de Investigaciones sobre arraigos y órdenes de detención.
El grupo también ofrecía la destrucción de expedientes, los que quemaban frente al "cliente" a cambio de $3 millones.
PRÓFUGOS
> SÓLO UNO de 11 beneficiados de la primera red ha sido detenido por la policía.
Õ Cómo operaban en tribunales
La red detectada en la Corte de Apelaciones de Santiago se preocupaba de que las causas quedaran en determinadas salas, donde tenía contactos con funcionarios judiciales.
La indagación se inició por el caso de Mauricio Pinto Duarte (34), recluido en Iquique por robo con intimidación, y a quien se le habían unificado sus condenas en 15 años, según resoluciones de las salas 5ª y 2ª del tribunal de alzada capitalino.
El oficio que llegó a Gendarmería desde el 22° Juzgado del Crimen, sin embargo, establecía sólo 6 años de pena, que con el abono del tiempo que pasó preso lo dejaba libre.
El ardid se descubrió cuando Gendarmería llamó al 22° Juzgado para confirmar la resolución, en la que se adulteraron firmas de ministros y un abogado integrante.
El otro caso es de la 7ª Sala, en donde se usó un formato de otra resolución de la Corte que abonaba tiempo a una condena de narcotráfico por el delito de lavado de dinero para dejar libre al condenado. El abono era por un delito inexistente. Ambos casos fueron detectados a tiempo.
También se ofrecían servicios de extravío de expedientes.
Carabineros beneficiados por alcoholemias
La fiscal Nancy González también pesquisa a funcionarios de Carabineros, que al igual que dos efectivos de Investigaciones, pagaron para adulterar sus alcoholemias, uno de los "servicios" que ofrecía la ex funcionaria policial y judicial Margarita Cuadros. El nexo era el funcionario del Servicio Médico Legal Darwin Arancibia, a quien se le incautó su agenda con datos de clientes policiales y particulares. El ex jefe nacional Antirrobos de Investigaciones Trevor Oyarzún está formalizado por cohecho por pagar $1.500.000 para adulterar su examen de alcoholemia cuando chocó en Quinta Normal. También está imputado por los mismos servicios el detective Mario Acuña Zagal. Otra arista que investiga la fiscal González se relaciona con carabineros que pagaron para extraviar expedientes de las causas en las que estaban siendo indagados.
CINTHYA CARVAJAL A.
Una nueva red de corrupción, enquistada esta vez en la Corte de Apelaciones de Santiago, detectó la fiscal del Ministerio Público Nancy González, quien ya indagaba a otra asociación ilícita cuyas ramificaciones se extendían a los juzgados de Garantía y del Crimen, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal.
El nuevo caso involucra a funcionarios públicos y judiciales, civiles y hasta a abogados que estarían vinculados a la falsificación de dos resoluciones de la Quinta y Séptima salas del tribunal de alzada.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte realiza diversas diligencias para desbaratar esta organización, que falseó resoluciones para abonar condenas de delincuentes y dejarlos libres. También ofrecía el "servicio" de extravío de expedientes.
En paralelo, la fiscal descubrió a una tercera red ilícita, que adulteraba documentos para obtener créditos hipotecarios y de consumo. Ella implicaría a funcionarios bancarios, particulares y a María José Chávez, el nexo entre la red de corrupción original -que lideraba la ex funcionaria judicial Margarita Cuadros, hoy en prisión preventiva- y el SML.
La actriz Tatiana Merino está siendo indagada como clienta de la tercera organización.
La pista que llevó a las tres redes apareció el 1 de abril de 2008. Ese día, desde el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los involucrados envió por fax una contraorden a la cárcel de Los Andes para abonar 13 meses a la condena por narcotráfico que purgaba Janio González.
El gendarme que recibió el documento lo reenvió al tribunal para confirmar. Allí lo revisó el jefe de causa, Tomás Silva, quien se dio cuenta de la falsedad. Luego el juzgado denunció los hechos.
Tanto la copia del disco duro de los computadores de los funcionarios del tribunal como el acceso a sus correos, permitieron a la fiscal González detectar que la responsable era Gloria Navarrete.
Los e-mails dejaron al descubierto sus vínculos con la ex funcionaria de Investigaciones y del 9° Juzgado de Garantía Uberlinda Elizondo, en cuya casa se encontraron los timbres con los que se adulteraban resoluciones.
Pero la cabecilla de esa organización resultó ser Margarita Cuadros, quien hoy está en prisión preventiva. A ella se le hicieron escuchas telefónicas y fue seguida por el OS-9 durante seis meses. Hay fotos de sus visitas al casino de Viña del Mar, donde gastaba parte del dinero que ganaba.
Hoy, 20 personas presuntamente ligadas a esa red están formalizadas por asociación ilícita, cohecho, falsificación y sabotaje informático, por fabricar contraórdenes, adulterar alcoholemias, abonar a condenas con causas inexistentes y hacer "borrones mágicos" en el sistema de Gepol de Investigaciones sobre arraigos y órdenes de detención.
El grupo también ofrecía la destrucción de expedientes, los que quemaban frente al "cliente" a cambio de $3 millones.
PRÓFUGOS
> SÓLO UNO de 11 beneficiados de la primera red ha sido detenido por la policía.
Õ Cómo operaban en tribunales
La red detectada en la Corte de Apelaciones de Santiago se preocupaba de que las causas quedaran en determinadas salas, donde tenía contactos con funcionarios judiciales.
La indagación se inició por el caso de Mauricio Pinto Duarte (34), recluido en Iquique por robo con intimidación, y a quien se le habían unificado sus condenas en 15 años, según resoluciones de las salas 5ª y 2ª del tribunal de alzada capitalino.
El oficio que llegó a Gendarmería desde el 22° Juzgado del Crimen, sin embargo, establecía sólo 6 años de pena, que con el abono del tiempo que pasó preso lo dejaba libre.
El ardid se descubrió cuando Gendarmería llamó al 22° Juzgado para confirmar la resolución, en la que se adulteraron firmas de ministros y un abogado integrante.
El otro caso es de la 7ª Sala, en donde se usó un formato de otra resolución de la Corte que abonaba tiempo a una condena de narcotráfico por el delito de lavado de dinero para dejar libre al condenado. El abono era por un delito inexistente. Ambos casos fueron detectados a tiempo.
También se ofrecían servicios de extravío de expedientes.
Carabineros beneficiados por alcoholemias
La fiscal Nancy González también pesquisa a funcionarios de Carabineros, que al igual que dos efectivos de Investigaciones, pagaron para adulterar sus alcoholemias, uno de los "servicios" que ofrecía la ex funcionaria policial y judicial Margarita Cuadros. El nexo era el funcionario del Servicio Médico Legal Darwin Arancibia, a quien se le incautó su agenda con datos de clientes policiales y particulares. El ex jefe nacional Antirrobos de Investigaciones Trevor Oyarzún está formalizado por cohecho por pagar $1.500.000 para adulterar su examen de alcoholemia cuando chocó en Quinta Normal. También está imputado por los mismos servicios el detective Mario Acuña Zagal. Otra arista que investiga la fiscal González se relaciona con carabineros que pagaron para extraviar expedientes de las causas en las que estaban siendo indagados.
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